Nuestros servicios

Es un informe técnico que establece el valor de mercado de un inmueble en una fecha determinada, elaborado por un avaluador inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA). Sirve para fijar un precio de venta realista, negociar una compra, repartir bienes en una sucesión o una partición y respaldar trámites ante entidades. Si es para un crédito hipotecario, consulte antes con su banco: muchas entidades trabajan con avaluadores de su propia lista.

El avalúo catastral lo fija la autoridad catastral (en Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital) y sirve para calcular el impuesto predial; suele estar por debajo del precio de mercado. El avalúo comercial refleja lo que el inmueble vale hoy en el mercado y es el que se usa para vender, comprar o negociar.

Por regla general, un año contado desde su fecha de elaboración, siempre que no cambien de forma importante las condiciones del inmueble o del mercado. Pasado ese plazo conviene actualizarlo.

La Ley 1673 de 2013 exige que todo avaluador esté inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA). Puede pedirle su número de registro y verificarlo en la página del RAA, donde también aparecen las categorías de inmuebles que está autorizado a avaluar.

El recaudo del canon, la relación con el arrendatario, la coordinación del mantenimiento y el seguimiento del contrato, para que el propietario no tenga que estar pendiente. Las condiciones exactas del servicio quedan por escrito en el contrato de administración.

Con un estudio previo: revisamos su identidad, sus ingresos y su capacidad de pago, y, con su autorización, su comportamiento en las centrales de información financiera. El contrato se respalda con un codeudor o con una póliza de arrendamiento.

La Ley 820 de 2003 (artículo 18) fija un tope: el canon mensual no puede superar el 1 % del valor comercial del inmueble, y ese valor no puede estimarse en más de dos veces su avalúo catastral. Dentro de ese límite, el canon lo define el mercado de la zona; le ayudamos a fijar uno que arriende pronto sin dejar dinero sobre la mesa.

Hasta el porcentaje del IPC del año calendario anterior, según el artículo 20 de la Ley 820 de 2003. El aumento solo procede cuando el contrato cumple doce meses con el mismo canon, y el arrendatario debe ser notificado; sin esa notificación no está obligado a pagarlo.

Es un seguro que respalda al propietario si el arrendatario deja de pagar: según sus condiciones, cubre los cánones adeudados y puede incluir cuotas de administración, servicios públicos y daños. La aseguradora estudia al arrendatario antes de expedirla.

Normalmente: cédula, certificado laboral o soporte de ingresos y extractos bancarios recientes; si es independiente, extractos de varios meses y la declaración de renta. Además, uno o dos codeudores, o la aprobación de una póliza de arrendamiento. Los requisitos exactos dependen de cada inmueble.

No. El artículo 16 de la Ley 820 de 2003 prohíbe exigir depósitos en dinero u otras cauciones reales en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Lo que sí se puede pedir es un codeudor o una póliza de arrendamiento.

Con un aviso escrito de al menos tres meses, según el artículo 24 de la Ley 820 de 2003. Si entrega al vencerse el contrato o su prórroga, ese aviso basta; si lo termina antes, la ley prevé una indemnización equivalente a tres meses de canon.

El contrato se prorroga automáticamente en las mismas condiciones y por el mismo término inicial, siempre que ambas partes hayan cumplido, según el artículo 6 de la Ley 820 de 2003.

Escríbanos por WhatsApp o desde el botón de la ficha del inmueble indicando su código, y un asesor le propone horarios. Por seguridad no publicamos la dirección exacta: se la compartimos al confirmar la visita.

La escritura con la que lo adquirió, un certificado de tradición y libertad reciente, el paz y salvo del impuesto predial y, cuando aplique, el de valorización, el paz y salvo de administración si está en propiedad horizontal, y su cédula. Si hay una hipoteca vigente, también la carta de la entidad para levantarla.

Por costumbre, los derechos notariales se reparten por partes iguales; el vendedor paga la retención en la fuente, y el comprador paga el impuesto de registro (beneficencia) y los derechos de registro. Las partes pueden pactar otra distribución en la promesa de compraventa.

Depende sobre todo de que el precio esté alineado con el mercado de la zona, además del estado del inmueble y de cómo se presente. Un precio bien sustentado, por ejemplo con un avalúo comercial, es lo que más acorta el tiempo de venta.

Depende del servicio y del inmueble. La comisión y lo que incluye se acuerdan por escrito antes de empezar, en el contrato de corretaje o de administración, para que no haya sorpresas.

Atendemos toda la ciudad de Bogotá D.C. Puede consultar los inmuebles disponibles por barrio en la sección de propiedades.

Por la seguridad de los propietarios y de los inmuebles, sobre todo de los que están desocupados. En el mapa mostramos un sector aproximado y el asesor le da la dirección al confirmar la visita.